El pasado 31 de marzo de 2022 se llevó a cabo el segundo foro sobre el Sector Salud venezolano con los ponentes Dr. JF Oletta (UCV, exministro del ramo) y Dr. C. Walter (UCV-CENDES, exministro del ramo) bajo la moderación del Dr. Gustavo Villasmil P (UCV).

Durante el foro, se dio una apreciación general del problema político de fondo: Se destacó como problema central el de la reinstitucionalización de la sanidad pública venezolana, cuyo marco legal actual, en principio difuso y todavía enmarcado en legislaciones anteriores a la actual CRBV, ha venido siendo impuesto a través de la interposición de instrumentos de rango sublegal (Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular para la Salud emanado de la Presidencia de la Republica y publicado en GORBV con fecha 16 de julio de 2015) sin que medie debate intersectorial alguno en el que se ventilen cuestiones inherentes a su financiamiento, articulación intersectorial con políticas de seguridad social, vivienda, etc. Todo lo cual conduce a una organización sanitaria “incrustada” (que no inserta) en el tejido institucional venezolano, dependiente en extremo de tutela extranjera, carente de capacidades técnicas críticas y centrada prioritariamente en el control social de los ciudadanos antes que en el abatimiento de los grandes problemas público sanitarios que hemos venido señalando.

La figura de las llamados Áreas de Salud Integral Comunitaria (ASIC), base de dicha organización sanitaria, no está contemplada en el marco legal sanitario venezolano vigente. En tanto que estructura impuesta sobre las redes nacionales, estadales y municipales previstas tanto en la mencionada legislación sanitaria como en las distintas constituciones y legislaciones estadales en materia sanitaria y en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, su espíritu no obedece al del carácter federal y descentralizado del estado venezolano previsto en la CRBV; muy por el contrario, dicha estructura ahonda en carácter marcadamente centralizado de la sanidad pública venezolana que ya en 1998 venía siendo objeto de un serio esfuerzo de transformación en el marco de una política concertada a cuya cabeza se situara la recordada Comisión para la Reforme del Estado, COPRE.

Entre las características más cuestionables de la estructuración sanitaria basada en las ASIC se destacan las siguientes:

  1. Desconoce la competencia de estados y municipios en materia sanitaria y es contraria al carácter federal de la República consagrado en la CRBV.
  2. Como consecuencia de ello, sustrae recursos públicos a redes asistenciales distintas a ella, sobre las que recae el mayor peso de la asistencia médica dispensada a la ciudadanía.
  3. Desplaza al funcionariado experto para favorecer a factores políticos afines al régimen carentes incluso de formación sanitaria básica.
  4. Profundiza la burocratización de la sanidad pública venezolana al crear 593 ASIC, 5 viceministerios, 11 direcciones generales sectoriales y 24 direcciones estadales (regionales) superpuestas a las respectivas estructuras adscritas a los gobiernos estatales.

Como consecuencia de todo ello, la sanidad pública venezolana hoy:

  1. Exhibe sus peores resultados, en términos de indicadores de salud, de toda su historia desde 1936.
  2. Técnicamente, carece de legislación que la rija, por lo que opera anárquicamente.
  3. No ejerce rectoría real sobre la red asistencial que pretende gestionar.
  4. Revierte los importantes avances logrados tras el inicio del proceso de descentralización hasta 1998.
  5. Ha perdido un valioso capital humano difícilmente sustituible.
  6. Está sometida al gravoso peso de convenios internacionales técnicamente inauditables (caso Misión Barrio Adentro, a la que se le han transferido 40.400.285 millones de dólares hasta 2018).

Consideraciones estratégicas de la propuesta:

La reinstitucionalización de la sanidad pública venezolana deberá acometerse en sentido ascendente (“de abajo hacia arriba”), es decir, atendiendo con prioridad las tareas de mitigación inmediata de la actual sanitaria venezolana mediante el apuntalamiento de capacidades mínimas de producción y dispensación de servicios y programas esenciales partiendo de las redes asistenciales ya existentes.

En tal sentido, se propone:

  1. Atender las carencias extremas de medicamentos e insumos esenciales, materiales y equipos diagnósticos, para tratamiento y rehabilitación.
  2. Corregir el deterioro observado en cuanto a acceso, cobertura y calidad e servicios de atención médica.
  3. Fortalecer la promoción a la salud.
  4. Revertir el marcado deterioro observado en cuanto a la dotación de personal profesional (médico, etc) cualificado, marcadamente afectado por la migración masiva de este.
  5. Corregir el deterioro de la infraestructura sanitaria existente, con especial énfasis en los servicios en red (agua, electricidad, succión, etc), transportación vertical (ascensores), gases medicinales, TIC, calderas, esterilización, seguridad e instalaciones y manejo de desechos biológicos.

De todo lo anterior se deriva al menos tres desafíos en cuanto al diseño de políticas públicas para el sector que pasan necesariamente por consideraciones de carácter intersectorial:

  1. La promoción de la salud como política de estado más allá de slogans y declaraciones de principios. Esto alude a temas tan concretos como empleo, seguridad social, seguridad pública, escolaridad, atención directa a grupos vulnerables (gerontes, indígenas, embarazadas, privados de libertad, personas en situación de calle, trabajadores informales, menores en situación irregular, emigrantes, etc.)
  2. La gobernanza sanitaria entre niveles (ámbitos) de gobierno distintos (nacional, estadal, municipal).
  3. La gestión profesional de establecimientos y redes de servicios de atención médica.
  4. La generación de políticas de formación profesional y de incentivos para la restauración de las plantillas profesionales en la red de atención pública.
  5. El financiamiento de programas dirigidos a alcanzar tales fines.