La Universidad Católica Andrés Bello, consecuente con la misión de ser parte de la conciencia crítica del país nos presenta un libro de reflexión desde diversos ángulos sobre el extractivismo en Venezuela, modelo que explica en buena medida más de la mitad de nuestra historia como país soberano y la desafiante realidad que la mayoría de los venezolanos vivimos ahora.
Voy a iniciar haciendo referencia en este primer foro de discusión, a algunas ideas presentadas por el vicerrector de la Extensión de la UCAB en Guayana, padre Arturo Peraza, quien en el prólogo del libro se refiere a 3 tipos de extractivismo:
El primero basado en la extracción de petróleo que de algún modo explica la deriva hacia los otros dos: la extracción minera y la gigantesca estructura de corrupción, como otra forma de extracción.
En relación al modelo extractivista basado en el petróleo bajo monopolio del Estado, el Vicerrector Peraza resalta que de allí surgió un sistema paternalista y clientelar.
Al respecto, el capítulo del libro Petroestados, extractivismo y la III y la IV Revolución Industria,l de Luis Xavier Grisanti, describe los problemas que aquejan a los petroestados, basado en los aportes de Terry Lynn, quien utiliza los términos: Estado rentístico y buscadores de renta, para explicar los incentivos perversos que surgen de este modelo y que conllevan al despilfarro de recursos. Se consideran también los aportes del economista merideño Alberto Adriani, quien fue precursor de lo que décadas después se acuñó como la enfermedad holandesa, problema que se utiliza para explicar lo ocurrido en Venezuela y que Grisanti ilustra con datos de tres expansiones petroleras y sus consecuencias económicas. Señalaba Alberto Adriani que “la apreciación (sobrevaluación) del bolívar (o el abaratamiento del dólar estadounidense), como consecuencia de los elevados ingresos de divisas petroleras, daría lugar al estancamiento y posible retroceso de las actividades económicas de bienes transables, como la agricultura, la agroindustria y la entonces incipiente industria manufacturera.” De hecho, “la enfermedad holandesa es definida como el fenómeno conforme al cual una economía percibe un influjo extraordinario de divisas por la exportación de un bien transable, generalmente un recurso natural, el cual genera una apreciación de la moneda local que abarata las importaciones de bienes y servicios, provocando el desplazamiento de la producción local en favor de las importaciones.”
Señala Grisanti que el problema de la maldición de los recursos hirió de muerte la institucionalidad democrática que comenzó a gestarse en el gobierno de López Contreras.
Para abundar en el problema de los incentivos perversos en los petroestados haré referencia a la explicación del profesor Carlos Domingo, de la Universidad de Los Andes, en un trabajo publicado en 2005[1] en el que caracterizó al sistema político venezolano como: un rentismo distribucionista, el cual dio un poder extraordinario al ejecutivo nacional y una gran intensidad a la lucha para entrar en él, es decir, para entrar lo más alto posible en la pirámide de repartidores. Este sistema desde hace un siglo, pasó por varias modalidades, según los gobiernos de turno, pero todas ellas tuvieron rasgos comunes.
- Buscaban el apoyo político usando el reparto de la renta petrolera.
- Formaban un aparato de distribución (pirámide de reparto), por vinculaciones entre funcionarios, socios, familiares, clientes políticos, militares, banqueros y empresarios protegidos. Modelo clientelar y por ello discriminatorio.
- Cada modelo, aunque haya prometido e iniciado un reparto más equitativo, ha hecho al consolidarse la pirámide, un reparto muy desigual, produciendo enormes diferencias de ingreso y por tanto grandes diferencia de riqueza, nivel de vida, información, oportunidades y poder.
- Cuando el sistema de reparto ha durado un tiempo el sistema se ha transformado en un aparato de apropiación, apropiándose cada vez más, distribuyendo cada vez menos en su base y aumentando la desigualdad. Señalaba Domingo en el año 2005, de forma premonitoria “El aparato de reparto crece hasta absorber todos los recursos dentro de sí mismo”.
Exactamente esto ocurrió en Venezuela, en especial, con la industria petrolera, realidad descrita en los capítulos: Política petrolera y seguridad energética en Venezuela; El Plan de la Patria y la destrucción de la industria petrolera venezolana y, el ya mencionado capítulo Petroestados, extractivismo y la III y IV revolución industrial.
El sistema de reparto convertido en uno de apropiación, que se fue gestando a pocos años del inicio del gobierno de Chávez, conllevó al patrón de gran corrupción, descrito por Transparencia Venezuela (2019), como políticas públicas sistemáticas y generalizadas en diversos sectores que han propiciado el robo sin precedentes del patrimonio de la república[2]. Salcedo-Albarán y Garay-Salamanca (2021), demuestran en el libro Super Red de Corrupción en Venezuela[3], que se trata de una macro-red de corrupción y cooptación institucional, es decir, una estructura que cumple los criterios cuantitativos de complejidad y magnitud para ser categorizada como macro y que además supera en varios órdenes de magnitud, otras macro redes de corrupción analizadas previamente por los autores a nivel mundial. Tal como lo señala el padre Arturo Peraza esta macro red de corrupción es otro modo de extracción, con beneficiarios exclusivos, que ha empobrecido y privado de sus derechos básicos a la mayoría de la población.
El declive de la actividad petrolera en un Estado rentístico y con el patrón de gran corrupción consolidado, volcó los esfuerzos al sistema basado en la extracción del oro y esto ha traído múltiples consecuencias, tal como lo demuestran las intervenciones de Clavel Rangel y de Eumelis Moya.
Los proyectos de Guayana para superar el extractivismo petrolero sobre la base del desarrollo de la industria metalmecánica y de las empresas hidroeléctricas, no resistieron los embates del patrón de gran corrupción, sin embargo, varios capítulos de este libro nos hablan de salidas posibles que permitirían superar el gravísimo deterioro industrial y social.
Las salidas requieren, no obstante, repensar la institucionalidad vigente y por ello quiero resaltar de la presentación al libro hecha por el profesor Ronald Balza, la necesaria mirada al contexto institucional y determinados elementos que hacen que algunas sociedades se encuentren “atoradas” en relaciones sociales en las que prevalecen privilegios personales para ciertas élites e inseguridad generalizada de derechos de propiedad. Situación que puede explicar por qué no se logran los resultados esperados cuando se intentan trasplantar políticas exitosas de países donde existen órdenes de acceso abierto, en realidades como la de Venezuela.
Teniendo esto en mente el profesor Ronald Balza invita al lector a detenerse en las ideas presentadas por los autores del libro sobre “los derechos de propiedad, la diversificación productiva, la conformación del Estado y sus mecanismos de interacción internos y con el resto de la sociedad, puesto que aquí son reconocibles las huellas de un extractivismo secular”, propuestas que debemos reflexionar y socializar en aras identificar y superar el atasco que nos impide avanzar.
Sobre las reglas de propiedad vigentes en Venezuela Isabel Pereira y Rafael Quiñones en el libro: Por un país de propietarios, el petróleo no tiene la culpa[4], señalan que cuando un Estado y más específicamente el poder ejecutivo monopoliza la propiedad de las principales riquezas de una nación, se convierte en amo, dueño y distribuidor, lo que le da un inmenso poder para subordinar al resto de los poderes, corromperse y causar desigualdad, exclusión y la lucha política polarizada. Además, apuntan que no es compatible el estado de derecho con una sociedad donde la propiedad de todo lo que produce riqueza está concentrada en el Estado, por lo que la transformación de Venezuela implica transformar el modelo de monopolio del Estado sobre las riquezas. Luis Grisanti, en el libro objeto de estos comentarios, también hace una propuesta de fortalecimiento institucional, que incluye el respeto de los principios republicanos, la creación de un fondo de petróleo, el cumplimiento de reglas macrofiscales y dar especial prioridad al fortalecimiento del sistema educativo para forjar la sociedad del conocimiento y la innovación.
Para cerrar la intervención, voy a hacer referencia al capítulo Inversión extranjera en Venezuela: diagnóstico y algunas ideas para la discusión, de Anabella Abadi y Carlos García Soto.
Destacan estos autores que dado el hecho de que el ingreso por conceptos de renta petrolera ha disminuido dramáticamente, se hace palpable cómo la inversión extranjera directa (IED) representa una alternativa factible y deseable para mejorar la entrada de recursos de capital, humanos y tecnológicos, entrada de recursos que es fundamental en la reconstrucción económica del país.
En el capítulo se describe lo ocurrido con la inversión extranjera en Venezuela en los últimos 22 años y como ha sido impactada negativamente por cambios legislativos y situaciones de hecho impuestas desde el sector público. Para ello, se analizan las previsiones constitucionales sobre la inversión, la Ley de Promoción y Protección de Inversiones de 1999, el Decreto Ley de Inversiones Extranjeras de 2014 y la Ley Constitucional de Inversión Extranjera Productiva de 2017. Demuestran los autores el poco aprovechamiento de las primeras normativas y las crecientes restricciones de las últimas. Por otro lado, describen los obstáculos a la inversión por vías de hecho, como las violaciones a la libertad económica y la propiedad privada y las denuncias de acuerdos multilaterales en materia de inversión extranjera como el Acuerdo de Cartagena y del Convenio CIADI.
En el cuarto apartado analizan los principales factores que desincentivan la inversión extranjera en Venezuela, entre los que incluyen la falta de seguridad jurídica, la falta de acceso a insumos, desequilibrios en la regulación laboral e insuficiente disponibilidad de mano de obra. Los resultados son elocuentes, según las cifras presentadas: entre 1998 y 2013 la IED en Venezuela creció con un gran rezago respecto al crecimiento de la IED en América Latina y el Caribe, decayó dramáticamente a partir de 2014 y en 2015 lo recibido por Venezuela representó solo el 1% del total de las inversiones extranjeras en la región.
Al describir la situación de la inversión en Venezuela, los autores afirman que la poca que se ha dado ha estado motivada por los privilegios que les otorgan los gobiernos de Chávez y Maduro a inversiones y contratistas extranjeros, sobre todo si provienen de países con gobiernos ‘amigos’, tales como China, Irán, Cuba, Rusia, Bielorrusia, Argentina, Brasil, España, entre otros. Cabe advertir que estos flujos de fondos tienen un efecto corrosivo cuando carecen de transparencia, rendición de cuentas y orientación al mercado, además de que la mayoría de ellos fluye desde regímenes autoritarios. En el documento Negocios Chinos, acuerdos que socavaron la democracia en Venezuela[5], Transparencia Venezuela demostró cómo China impuso condiciones contrarias a los intereses del país para entregar los recursos, sacó provecho de las debilidades institucionales y dejó un saldo negativo para la sociedad venezolana, por la reprimarización de la economía, el desplazamiento de las capacidades nacionales dadas las asimetrías en el mercado, y la precarización de servicios esenciales como la electricidad, el agua, el transporte y otros, que recibieron ingentes recursos de inversión pero que se perdieron en negocios corruptos.
Los riesgos del capital corrosivo deben tenerse presentes al hacer propuestas de condiciones para atraer inversiones al país, ya que no todo flujo de fondos conlleva al camino deseado. Los capitales corrosivos no solo afectan las economías sino también la institucionalidad democrática. Esto nos lleva nuevamente a resaltar la importancia del diseño de las reglas de juego para atraer inversiones. Las propuestas de Abadi y García contemplan incorporar
- medidas destinadas a resolver la falta de garantías de los derechos de propiedad y la aplicación arbitraria, desequilibrada e impredecible de la ley;
- medidas dirigidas a restituir los sistemas de precios y, por tanto, el funcionamiento de los mercados;
- medidas para mejorar el equilibrio en las relaciones laborales;
- medidas para mejorar la provisión de infraestructura y servicios públicos (particularmente electricidad), y
- medidas para mejorar la seguridad y reducir la delincuencia.
Recomendaciones que compartimos así como las propuestas por Luis Grisanti pero que necesariamente deben incluir los pilares del paradigma de gobierno abierto: transparencia y rendición de cuentas, canales que posibiliten la participación y la colaboración de ciudadanos, empresarios y organizaciones civiles en el sector público, aprovechamiento de tecnologías digitales y puesta en vigor de sistemas anticorrupción, en sintonía con la apuesta de más de 75 países[6] que están dando pasos importantes para mejorar la efectividad de sus políticas públicas, devolver la confianza ciudadana en sus representantes, aprovechar mejor los recursos comunes y defender el modelo democrático.
Por: Christi Rangel Guerrero
I Foro de presentación del libro: Petróleo y extractivismo en Venezuela. Propiedad, diversificación y Estado.
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[1] Domingo, Carlos. (2005). La economía de Venezuela. Universidad de Los Andes.
[2] Transparencia Venezuela. (2019). Manual contra la corrupción: 12 acciones y un mandato. Disponible en: https://transparencia.org.ve/wp-content/uploads/2020/01/Manual_contra_la_corrupcion_12_acciones_un_mandato-1.pdf
[3] Salcedo-Albarán, E. y Garay-Salamanca, L. (2021). Super Red de Corrupción en Venezuela. Cleptocracia, nepotismo y violación de derechos humanos. Bogotá: Fundación Vortex.
[4] Pereira, I. y Quiñones, R. (2016). Por un país de propietarios. El petróleo no tiene la culpa. Disponible en https://libreriacedice.org.ve/portfolio-items/por-un-pais-de-propietarios-el-petroleo-no-tiene-la-culpa/
[5] Transparencia Venezuela. (2020). Negocios chinos. Acuerdos que socavaron la democracia en Venezuela. Disponible en https://transparencia.org.ve/project/negocios-chinos/
[6] La Alianza de Gobierno Abierto (OGP por sus siglas en inglés) es una iniciativa impulsada en 2011 en la Asamblea General de las Naciones Unidas para promover una gobernanza transparente, participativa, inclusiva y responsable, con la participación de líderes gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil. https://www.opengovpartnership.org/es/about/